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El RAN se niega a recibir acta de las comunidades indígenas de Canoas

Comunicado. – El viernes pasado el Comisariado Ejidal de canoas Municipio de Manzanillo, Colima se dirigieron al Registro Nacional (RAN) para solicitar el registro de su Acta de Asamblea Ejidal como máxima autoridad por unanimidad rechazó rotundamente el proyecto minero Rufus 5 de la empresa minera canadiense Hematite S.A. de C.V., así como cualquier otro proyecto minero en su comunidad. Con anterioridad la Lic. María Concepción Núñez Escobedo había citado al Comisariado para atenderlos. Sin embargo, unos minutos antes de la cita les llamó para cancelarla.
El comisariado se dirigió a las oficinas para ingresar la solicitud en la ventanilla y se encontraron con un letrero que dice. “Atento aviso: se suspenden trámites y servicios en oficinas centrales del Registro Agrario Nacional y sus 32 representaciones en el país, así como en el Archivo General Agrario, 6 de abril y hasta nuevo aviso”.
Después de insistir fueron atendidos por el Sr. Carlos Anguiano quien recibió documentos de otro asunto que llevaban, pero se negó a recibir el acta con la justificación de que, por la pandemia, desde oficinas centrales se suspendieron todos los servicios desde el mes de abril. Cabe señalar que en el año 2014 esta misma comunidad también en Asamblea Agraria declaró su territorio como “Libre de Minería y en esa ocasión, sin pandemia, el RAN también se negó a registrar el acta. Esto evidencia la mala fe del RAN y su complicidad con las empresas mineras.
Por otro lado vemos que esta justificación de la pandemia no se ha aplicado a otros instituciones donde las empresas tienen que llevar a cabo trámites para sus proyectos, como es el caso de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (SEMARNAT) que tan solo desde que el RAN cerró sus puertas, de lo que la Red Mexicana de Afectados por la Minería (REMA) lleva contabilizado, tenemos registrados 881 proyectos recibidos para su evaluación y 479 resolutivos que en su gran mayoría han sido proyectos autorizados.

En contraparte, desde marzo, la SEMARNAT, como las otras instituciones del gobierno, han ampliado los plazos legales de respuesta a solicitudes de información vía transparencia emitida por la REMA y SEMARNAT el 27 de marzo de 2020 solo fue recibida oficialmente hasta el 18 de septiembre y la respuesta a la solicitud fue entregada el 16 de octubre, es decir 7 meses después de la solicitud, cuando normalmente el plazo legal es de 40 días.
Esto denota la gran desigualdad que existe entre el apoyo (contubernio) que el gobierno federal otorga a las empresas que destruyen y despojan el territorio y la atención a las comunidades que lo defienden. En estos tiempos de pandemia las autoridades mexicanas han operado bajo favoritismo, de un lado permitiendo las actividades declaradas erróneamente esenciales para el país como la minería, de poder seguir avanzando con toda normalidad en sus trámites para sus procesos de despojo, y del otro lado, impidiendo a los pueblos y a la ciudadanía en general ejercer sus derechos de autodeterminación, de tener certeza sobre la tenencia de su tierra o de acceder a información pública.
Así mismo nos muestra el gran desprecio, discriminación, indiferencia y humillación con la que el gobierno trata a las comunidades indígenas. No sólo por no llevar a cabo un trámite sino el hecho de obstaculizar el registro de un proceso que es un derecho otorgado por la propia Constitución y Acuerdos Internacionales, que es la “Libre Determinación de los Pueblos”, derecho ya ejercido por la comunidad indígena de Canoas: REMA

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