Interesante

Piden justicia para Lydia Cacho y para todas las víctimas de explotación sexual infantil

Omisiones del Estado Mexicano para encarcelar a funcionarios públicos y criminales que compran, venden y explotan sexualmente a niñas y niños permiten el fortalecimiento de redes de macrocriminalidad que atacan periodistas.

Dieciocho años después de secuestrar y torturar a la periodista Lydia Cacho, el pasado 13 de julio, la Fiscalía General de la República detuvo al Ex Director de la Policía Judicial del Estado de Puebla Adolfo Karam. Esta aprehensión puede significar un paso importante hacia la rendición de cuentas y combate a la impunidad, sólo si se cumple con la resolución emitida por el Comité de Derechos Humanos de Naciones Unidas en 2018, que exige a las instituciones mexicanas la reparación del daño integral a Lydia Cacho; reconoce que fue detenida ilegalmente, torturada y revictimizada por el Estado mexicano, temas que continúan sin ser atendidos en su totalidad.

Ante los hechos, Lydia Cacho, compartió en sus redes sociales un videomensaje: “hay que encarcelar a todos los funcionarios públicos y a todos los criminales que compran, venden y explotan sexualmente a niñas y niños… fui torturada por ello e intentaron eliminarme, y creyeron que desde el exilio no iba a seguir adelante. Y seguimos adelante”.

La red de macrocriminalidad investigada por Lydia Cacho, misma que opera para la trata de niñas, pornografía infantil y lavado de dinero involucra la complicidad de por lo menos diecinueve servidores públicos. Entre quienes están tres gobernadores, una jueza estatal, una procuradora de justicia de Puebla y un procurador de Quintana Roo, un senador, un presidente del Tribunal Superior de Justicia, un director de cárcel, cinco policías y dos sicarios contratados por el empresario Kamel Nacif Borge. Lamentablemente, este último fue exonerado hace dos años pese a encabezar la red criminal que atacó a Lydia

En el año 2007, la Suprema Corte de Justicia de la Nación reconoció que su investigación: “se quedaba corta frente a una apabullante realidad de trata y explotación infantil protegida por miembros del Estado mexicano”. A pesar de las trabas orquestadas por los implicados en actos de corrupción y crímenes contra la niñez, se logró que Jean Succar Kuri, líder de la red de pornografía infantil, recibiera 112 años de prisión.

Además, el comandante José Montaño fue sentenciado por tortura policíaca y esta purgando una pena de siete años en prisión. Al día de hoy han sentenciado a dos ex policías más, cuyas condenas están bajo revisión judicial de un Tribunal Colegiado de Circuito. También se encuentran sujetos a proceso el ex gobernador Mario Marín y otro policía. En unas horas más vence el plazo para determinar la sujeción a proceso de Karam Beltrán. No hay duda que los avances son resultado de la acción decidida de Lydia y las organizaciones de la sociedad civil que la acompañan.

Exigen al Estado mexicano, al presidente Andrés Manuel López Obrador, a la Secretaría de Gobernación, a la Fiscalía General y a los gobiernos de Puebla y Quintana Roo, actuar conforme a lo que corresponde: la reparación del daño integral conforme los más altos estándares internacionales, como garantía de no repetición y protección a periodistas.

ARTICLE 19 y Tejiendo Redes Infancia en América Latina y el Caribe, mantienen la exigencia de #JusticiaParaLydiaCacho y para todas las víctimas de explotación sexual infantil.

Piden poner fin a las omisiones y complicidades que han y siguen protegiendo a las redes de macrocriminalidad relacionadas con la explotación sexual de niñas y niños en México.

La justicia y la protección de los derechos humanos de la infancia deben ser prioritarias y por tanto no pueden ser postergadas.

Publicaciones relacionadas

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *

Botón volver arriba