En el marco del Día Mundial Contra la Trata de Personas, Tejiendo Redes Infancia en América Latina y el Caribe llama a los Estados a reconocer este delito como una expresión de las redes de macrocriminalidad integradas por funcionarios corruptos, operadores criminales y empresarios coludidos en el lavado de dinero.
Sin una mirada integral y trasnacional de este crimen se mantendrá la impunidad y expansión, afectando a millones de niñas, niños y adolescentes en sus proyectos de vida, desarrollo y derecho a una vida sin violencia.
Existen distintos fines de trata de personas, entre las que se encuentran la explotación sexual, los trabajos o servicios forzados, el matrimonio servil, la servidumbre doméstica, la mendicidad y la venta de bebés.
La proporción de personas menores de 18 años de edad víctimas de trata se ha triplicado en los últimos 15 años, mientras que la proporción de niños se ha multiplicado por cinco en el mismo periodo, de acuerdo con el Informe Mundial sobre la Trata de personas de la Oficina de Naciones Unidas contra la Droga y el Delito.
El informe, destaca que la proporción de niñas víctimas de trata pasó del 10 al 19% y la de niños del 3 al 15%, representando en conjunto el 34% del total global de víctimas de trata detectadas. A nivel mundial, siete de cada diez niñas víctimas han sido reclutadas con fines de explotación sexual; mientras que entre los niños víctimas, la forma de explotación más identificada son los trabajos forzados (66%).
Los perfiles de los flujos de la trata de personas a nivel global, han identificando 534 flujos alrededor del mundo, principalmente al interior de los países de las víctimas, pero también se han identificado flujos subregionales y regionales de acuerdo con el documento.
Aunado a ello, un gran número de niñas, niños y adolescentes en la región son víctimas de la violencia institucional, la discriminación estructural y la violencia armada generalizada que cada día más les obliga a dejar atrás sus países solos o en compañía de sus familias exponiéndose con ello a ser víctimas del crimen organizado. Es importante destacar que la proporción de víctimas de trata está creciendo más entre poblaciones migrantes en las distintas fronteras de América Latina y el Caribe.
Tejiendo Redes, informa que es obligación de los Estados realizar acciones nacionales e internacionales para garantizar la protección integral de niñas, niños y adolescentes en riesgo de desplazamiento forzado y la migración irregular. Junto con la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) Tejiendo Redes ha insistido que es preponderante construir un Mecanismo Trasnacional de protección integral para niñez migrante y refugiada, el cual facilitará la articulación especializada de autoridades de infancias de los países involucrados; y permitirá prevenir y enfrentar delitos como la trata, desaparición y niñez reclutada.
En México, Centroamérica y Venezuela, la crisis institucional de derechos humanos se traduce en que los grupos del crimen organizado transnacional encuentran un paraíso de impunidad.
En México, por ejemplo, de cada 100 carpetas de investigación en la que un niño o una niña fue víctima, sólo 3 carpetas se alcanzan algún tipo de sentencia o proceso es decir 97% de impunidad.
Después de la venta de armas el tráfico de personas es el delito que más genera ganancias económicas al crimen organizado en todo el mundo. Las redes de tráfico de personas con fines de explotación sexual operan en la región y han generado una red entre Centroamérica, México , Venezuela y los Estados Unidos, las víctimas principales son niñas, niños y mujeres.
Tejiendo Redes ve con preocupación que gobiernos están trivializando el concepto de trata de personas para, desde una mirada clasista, perseguir a las infancias trabajadoras, criminalizar a familias pobres y justificar acciones de limpieza social en las ciudades.
Tejiendo Redes recuerda que la sobrevivencia en el espacio público no es delito, sino una expresión de bajos ingresos económicos, y es obligación de los Estados apoyarles para evitar la separación familiar, garantizar su permanencia escolar y protegerles de las redes de criminalidad.
Ante este escenario, la comunidad internacional tiene un importante papel de contrapeso que permita a los jueces y juezas; ministerios públicos y policías investigadoras o fiscalías contar con una mirada externa que acompaña su autonomía, seguridad y apoyo técnico que permita brindar acceso a la justicia para las víctimas.
Destacan el valor y profesionalismo de las periodistas feministas y de derechos humanos que con valentía realizan investigación y publicaciones en diversos medios de comunicación. Hombres y mujeres comprometidas con las víctimas y personas defensoras, para impedir que la desesperanza y el silencio les permita seguir con este crimen.
