La Comunidad Indígena de Cicacalco, ubicada en el municipio de Tlaltenango de Sánchez Román, en Zacatecas, lleva ya 2 años 8 meses sufriendo la contaminación de un basurero al aire libre que fue instalado en su territorio, y que está dejando graves daños a la salud y contaminando el arroyo Los Tecongos, que desemboca en el río Tlaltenango.
El basurero se ubica a 800 metros de varios ojos de agua que están sobre el cauce del arroyo de los Tecongos, del cual se abastece la comunidad. Para la instalación de este basurero, la comunidad no fue tomada en consideración, violando la autodeterminación de la población y su máxima autoridad, que es la Asamblea Comunal.
El proyecto se instaló y tras fuerte lucha por parte de la comunidad, fue clausurado. Sin embargo, ninguna autoridad ha dado seguimiento a las demandas de cierre definitivo ni ha dado información a la comunidad sobre medidas de mitigación de daños que urgen emprender.
El basurero en cuestión fue anunciado con bombos y platillos como “Relleno Sanitario” y, según autoridades estatales y municipales, tuvo una inversión de 24 millones 245 mil pesos, más el costo del terreno. El basurero fue inaugurado el 25 de junio de 2019 por el exgobernador Alejandro Tello Cristerna y el expresidente Municipal Miguel Ángel Varela Pinedo, quienes aseguraron que se colocaba entre los 20 mejores rellenos sanitarios en el país y el mejor en el estado de Zacatecas, por la tecnología para su operación, catalogándolo como “La Joya de la Corona”.
Sin embargo, las comunidades cercanas pronto reconocieron que no era así: A tan solo dos meses de su apertura, un grupo de mujeres de la comunidad se organizaron y fueron a la presidencia municipal a quejarse de los malos olores y enjambres de moscas que se metían a sus casas, producto de los animales muertos y restos del rastro municipal que eran vertidos sin algún tratamiento. Esto, junto con descargas fétidas al arroyo que pasa en medio del rancho, que sólo eran aventados al aire libre. Con apenas dos meses de operación, el supuesto “relleno sanitario” era un tiradero a cielo abierto que causaba daños en las parcelas de cultivo y a los agostaderos. Ante la presión de las mujeres, el presidente municipal firmó acuerdos de atención al basurero, mismos que no cumplió. Meses después las mujeres de nuevo se presentaron en el municipio y recibieron un trato despótico y discriminatorio, sin tener una respuesta a sus peticiones.
Las autoridades en ningún momento tomaron con seriedad los reclamos, las señalizaciones de daños al medio ambiente y a la salud, ni tomaron en consideración el “Principio Precautorio”, un principio legal que mandata a toda autoridad actuar a favor de la protección de la salud y del medio ambiente ante las sospechas fundadas de riesgos graves de daños, como era el caso.
Un año después la comunidad, con la Ley en la mano, exige al presidente municipal una inspección ocular, donde se demuestra que el basurero no es ningún “Relleno Sanitario” y que la basura no tiene ningún tipo de manejo. En esa inspección se encontraron que, efectivamente, el basurero no tenía las condiciones mínimas para operar como relleno sanitario: se mezclaban al aire libre animales muertos, residuos peligrosos biológico infecciosos, y se hallaron tres tubos de drenaje que desembocaban al arroyo Los Tecongos. Para ese momento la basura era un montículo de aproximadamente 10 metros de alto.
Después de esta visita al tiradero, comenzó una ola de violencia, acoso, intimidación, y criminalización contra las y los defensores del territorio, acusándolas/los de tener intereses políticos y querer dañar la imagen del presidente municipal. La gente se organiza y el 8 de septiembre de 2020 van a Zacatecas a interponer una denuncia ante la PROFEPA y la Comisión Estatal de Derechos Humanos.
El 9 de septiembre de 2020 un grupo de mujeres de la comunidad decidieron cerrar el tiradero a cielo abierto y no permitir que ingrese más basura a su territorio. Esto por la violación a la Norma 083 de SEMARNAT en torno al manejo de los residuos sólidos urbanos y de manejo especial, y por los actos de corrupción que dieron como resultado el mal manejo de este proyecto.
El 10 de septiembre se presentaron a la comunidad diversas autoridades estatales de Atención Ciudadana, de Agua y Medio Ambiente, y Lourdes Angélica Briones Flores, Responsable de PROFEPA en Zacatecas. Ahí, todas las autoridades se negaron a reconocer el mal manejo del basurero y la responsable de PROFEPA se niega a revisar los tubos de descarga de lixiviados al arroyo. Las autoridades, en ese momento, estaban más interesadas en saber quiénes eran las/los que estaban en el movimiento de defensa, que por el daño real que estaba causando el tiradero a cielo abierto.
Entre denuncias penales a defensoras/es y una campaña de desprestigio contra el movimiento de defensa, una comisión salió a la ciudad de México a interponer una denuncia ante la SEMARNAT y el 24 de septiembre de 2020 se interpuso una segunda denuncia ante PROFEPA con número de oficio PFPA/5.3/2C.28.51 REGISTRO 2007825.
El 31 de octubre, después de mucha insistencia y denuncias por parte de la comunidad, la SEMARNAT manda a una persona de nombre Daniel Quezada a hacer una visita ocular. Quezada parece ser quien le hace la chamba de aplicar la ingeniería del conflicto en las comunidades a la Titular de SEMARNAT, María Luisa Albores, ya que es el mismo que nombró para atender el caso de Minera Cuzcatlán en los Valles Centrales de Oaxaca y que nunca resolvió nada. En el caso de Cicacalco actuó en contra de la comunidad porque aun siendo violentado por parte del Ayuntamiento, él manifestó estar de acuerdo con los resultados emitidos por las dependencias: según ellos, no había nada que atender.
El 9 de noviembre PROFEPA realizó una visita de inspección con 5 inspectoras/es federales: Rodolfo Martínez Zapata, Eduardo Lugo Lozano (Folio PFPA 00629), Sharon Magni Belmonte (Folio PFPA 00426), Jesús Flores Hernández (Folio PFPA 00622) y Aidé Ruíz Blandón (Folio PFPA 00543); quienes le negaron la oportunidad a la comunidad a participar del recorrido. Al terminar no se dirigen a la comunidad, sino a un restaurante con el presidente municipal.
Meses después, ante la presión de la comunidad, el 28 de febrero y en la mañanera del 01 de marzo de 2021 Andrés Manuel López Obrador, en su visita al Municipio de Tlaltenango, se comprometió a atender el problema y hace la promesa de que María Luisa Albores visitaría la comunidad indígena de Cicacalco en la semana siguiente. Cinco meses después, María Luisa Albores llega a Cicacalco, hace una reunión y un recorrido por el tiradero a cielo abierto y nombra nuevamente a Quezada de enlace, sin embargo, la comunidad lo rechaza y por ello nombra a Yves Eduardo González Villa para dar seguimiento a la situación.
El 14 de septiembre 2021 llegaron nuevamente dos inspectores de la PROFEPA Vidal Margarito Sánchez Santiago (Folio PFPA 00621) y Jesús Flores Hernández (Folio PFPA 00622), quienes en su visita anterior aseguraron que todo estaba en orden, pero en esta nueva visita confirmaron lo que la comunidad venía señalando desde hace meses: el basurero genera contaminación por los lixiviados al arroyo, por lo cual proceden a una clausura. La clausura queda bajo el folio número PFPA/32/2C.27.1/0046-20-1.
Después de algunas reuniones con autoridades estatales y federales, entre ellas María Luisa Albores, personal del INPI, y Blanca Alicia Mendoza, Secretaria de la PROFEPA, se acuerda una revisión y recolocación de sellos. El 21 de noviembre de 2021, llega Jesús Flores Hernández (Folio PFPA 0062) junto con otro inspector, “recolocan” los sellos de clausura mediante una lona y sin dar mayor información se van del lugar, evadiendo cualquier explicación a la comunidad. Hasta la fecha la comunidad indígena de Cicacalco
