Comunicado.- Documenta, Análisis u Acción para la Justicia A.C. Ante el cierre del Cefereso en Tabasco la llamada 4T debe aclarar sobre cierres repentinos de cárceles; llamamos a CNDH a observar traslados.
El Gobierno de Andrés Manuel López Obrador ha actuado en completa opacidad, violando derechos de personas privadas de la libertad y sus familiares. Urge que detengan y aclaren sobre los cierres.
El cierre del Cefereso 6 “Sureste” es el segundo en un mes, luego del anuncio de la desincorporación del penal de Puente Grande, en Jalisco, el pasado 28 de septiembre.
Documenta interpuso una queja a la CNDH para que emita medidas cautelares con el fin de proteger los derechos humanos de las personas privadas de la libertad que serán trasladadas, ahora, en Tabasco.
Ciudad de México, 23 de octubre 2020. Este miércoles a través del Diario Oficial de la Federación (DOF), el Gobierno federal anunció la segunda desincorporación de un Centro Federal de Readaptación Social (Cefereso) en menos de un mes. Esta ocasión, el número 6 «Sureste», ubicado en Huimanguillo, Tabasco.
Como fue en el caso del penal de Puente Grande, en Jalisco, se trata de un anuncio repentino, del que se carece información pública detallada con respecto a las causas e intenciones y del destino de las personas internas, afectando con ello los derechos de personas privadas de la libertad y sus familiares.
De acuerdo con los datos del último Cuaderno Mensual de Información Estadística Penitenciaria Nacional, correspondiente a agosto de 2020, el Cefereso 6 cuenta con una población de 262 personas. Una vez más, la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana se reserva a únicamente señalar que éstas “serán trasladadas a los centros federales de readaptación social que determine el Comisionado de Prevención y Readaptación Social, quien realizará las acciones y gestiones necesarias para ello”.
Ante estos hechos, Documenta presentó este 22 de octubre una queja en la Comisión de Derechos Humanos (CNDH) para que emita medidas cautelares con el fin de evitar violaciones a los derechos humanos de estas personas. Esta queja se suma a la interpuesta el pasado 28 de septiembre ante el cierre del Cefereso no. 2.
Una vez más, llamamos al Sistema Penitenciario Federal a realizar los traslados con apego a lo establecido en la Constitución, la Ley Nacional de Ejecución Penal y las Reglas Mandela: entre otras cosas, informar de forma detallada a las familias, las personas privadas de la libertad y su defensa los detalles de los traslados a realizar; garantizar que los traslados se den a centros más cercanos a sus domicilios o bien a los juzgados que lleven procesos penales de personas en prisión preventiva; realizar los traslados en condiciones dignas, garantizar las salvaguardas jurídicas para prevenir delitos de malos tratos, tratos degradantes o tortura como son videograbar los traslados y realizar estudios médicos a todos los internos una vez que ingresan al centro penitenciario de destino y, finalmente, se solicita garantizar la protección y trato diferenciado de personas en mayor vulnerabilidad.
Asimismo, solicitamos al gobierno federal transparentar información detallada sobre el cierre de estos u otros penales.
Al respecto de Puente Grande, en conferencia de prensa matutina del pasado primero de octubre, Andrés Manuel López Obrador sostuvo que el cierre de ese Cefereso se dio en respuesta a la privatización de centros penitenciarios llevada a cabo en administraciones anteriores y por las que se destinan recursos públicos a centros federales con poblaciones menores a las de su capacidad. No obstante, no se ha ofrecido orientación, acompañamiento o asesoría a familiares y a personas trasladadas ni se ha ahondado al respecto.
El ahorro de presupuesto público y llenar a su totalidad cárceles privatizadas para eficientar la erogación presupuestaria no puede ser el único argumento para modificar radicalmente la vida de cientos de personas y sus familias, el gobierno debe aclarar qué garantías existen de que las personas trasladadas a cárceles privatizadas cuenten con una reclusión en condiciones dignas; qué mecanismos de supervisión y transparencia se aplican o aplicarán a esos espacios; cómo se garantizará que personas aún sujetas a procesos penales accedan a la justicia si han sido alejadas de los juzgados que llevan sus casos; por qué no se ha tomado en cuenta mínimamente el derecho a la información de las y los familiares; cuál será el destino de la infraestructura carcelaria que quedará en desuso; cómo se garantizará que el negocio de las prisiones, ahora alimentado con traslados, priorice el respeto de los derechos de personas privadas de la libertad por sobre las ganancias de este jugoso negocio…
Las personas privadas de la libertad tienen derechos y deben respetarse. Las llamadas medidas de austeridad gubernamental no deben aplicarse a ultranza, en completa opacidad y, mucho menos, atropellando derechos de poblaciones en vulnerabilidad.
