Organizaciones de la sociedad civil, exigen a la Corte pronunciarse contra dicho Acuerdo Militarista
En el marco de la discusión en la SCJN del proyecto de la Ministra Margarita Ríos Farjat que propone declarar la validez del acuerdo militarista presencial de mayo de 2020 organizaciones de la sociedad civil realizaron una intervención-acción colectiva para exigir a la Corte pronunciarse contra dicho acuerdo.
La Controversia Constitucional 90/2020 fue promovida por la Cámara de Diputados en contra del Ejecutivo Federal demandando la invalidez del Acuerdo Militarista de AMLO que, en mayo de 2020, estableció que las Fuerzas Armadas seguirían realizando labores directas de seguridad pública hasta marzo de 2024.
Esta controversia es tan sólo uno de los 9 recursos contra la militarización de México que la SCJN acumula como pendientes de discutir.
La intervención incluyó la pega de carteles con mensajes antimilitaristas, siluetas de mujeres víctimas de violaciones a derechos humanos por parte de militares y sus testimonios, la pinta de huellas alusivas a la avanzada militar y la frase «No a la militarización» frente a la entrada de la Corte, así como la exhibición de togas hechas con telas de camuflaje militar.
Pronunciamiento
OSC exigen a la SCJN frenar la militarización de México
Ante la complicidad política del Poder Ejecutivo y Legislativo para impulsar reformas que profundizan la militarización de la vida y la seguridad pública en México, es deber del Poder Judicial fungir como un verdadero tribunal constitucional que sea un contrapeso que garantice la democracia, el Estado de Derecho y los derechos humanos de la población mexicana.
A pesar de que la estrategia de militarización desplegada desde 2006 ha demostrado ser un fracaso —en tanto no ha disminuido la violencia, la inseguridad ni al crimen organizado y, por el contrario, ha incrementado los homicidios, desapariciones forzadas y quejas por graves violaciones a derechos humanos—, los Poderes Ejecutivo y Legislativo se han encargado de asignar cada vez más poder, funciones, dinero y autonomía a las Fuerzas Armadas (FFAA), arriesgando su neutralidad y subordinación ante los mandos civiles.
A este contexto de violencia se suman los descubrimientos de espionaje, corrupción, impunidad, abuso de poder, aprovechamiento de recursos económicos e invasión de facultades que han llevado a cabo los cuerpos castrenses sin ninguna consecuencia y que, no obstante la profunda indignación de la ciudadanía, siguen sin rendir cuentas al respecto.
Frente a la falta de voluntad política de estos actores, colectivos y grupos sociales hemos tenido que organizar una variedad de acciones ante diversos órganos gubernamentales para contrarrestar los intentos por menoscabar las vías e instituciones civiles. Entre ellas, se encuentran las estrategias jurídicas para resistir a las reformas que empoderan crecientemente a las FFAA, porque a pesar de la falta de apoyo institucional, aún tenemos esperanza de que el Poder Judicial haga su labor y se pronuncie por la democracia y la seguridad de todas nosotras. No obstante, esta esperanza se ha topado con una realidad distinta.
Desde 2016 hasta la fecha, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha omitido resolver 9 casos sobre militarización, entre los que se encuentran controversias, acciones de inconstitucionalidad y amparos en contra de diversas leyes, como el Código de Justicia Militar, el Código Militar de Procedimientos Penales y la Ley de la Guardia Nacional, así como el acuerdo militarista y el decreto que transfiere el control de la Guardia Nacional a la SEDENA, los cuales atentan contra el carácter civil de las instituciones de seguridad y contrarían la excepcionalidad de la participación de las Fuerzas Armadas en tareas de seguridad pública, aun cuando ha sido reiterada tanto en la Constitución como en diversos criterios de la Corte Interamericana de Derechos Humanos.
Antes de 2016 ya teníamos precedentes importantes, casos de violencia, tortura, abuso y abuso sexual cometido por militares que ameritaban un alto. En su momento, se tomaron acciones contra atentados a las instituciones civiles como la Ley de Seguridad Interior y la Gendarmería Nacional. No obstante, desde entonces y hasta ahora, las violaciones a derechos humanos cometidos por militares no se han detenido, y tampoco la intención del Ejecutivo de dejarlos en las calles a cargo de tareas de seguridad.
Hoy las, feministas antimilitaristas, se pronunciaron por la indignación: Por Martha Alicia Camacho Loaiza; María Marcelina Ramírez; Elda Nevárez; María Elena y María Cristina Martínez; Francisca Zenaida Martínez; Ana, Beatriz y Celia González Pérez; Delfina Flores Aguilar y Aurelia Méndez Ramírez; Mirey Trueba Arciniega; Victoriana Vázquez Sánchez y Francisca Santos Pablo.
Por Inés Fernández Ortega y Valentina Rosendo Cantú; Ernestina Ascencio Rosario; Rocío Irene Alvarado y Nitza Paola Alvarado Espinosa; Brenda Orquidea Matuz Chacón; Naomi Nicole; Denis, Korina y Charlie.
Por las mujeres de Santa Cruz Tilapa, de El Rastrojo, de Loxicba, de Castaños.
Por los 43 estudiantes de Ayotzinapa, por Tlatlaya, por las migrantes y defensoras del agua violentadas por la GN.
Por las niñas de Cd. Lerdo, de Nocupetaro; por Heidi Mariana Pérez Rodríguez.
Por las 238,221 mujeres que han sido agredidas física, psicológica y sexualmente a lo largo de su vida por las FFAA y las 86,255 que lo fueron tan sólo en 2021; porque, a pesar de que seguimos registrando cada año más cifras y porcentajes de mujeres detenidas por militares y marinos que han sufrido violaciones, golpes, acoso, heridas en órganos sexuales.
Recordaron al Poder Judicial, y en especial a la Suprema Corte, que lo que deben discutir HOY muy cómodamente desde sus asientos no se trata sólo de un capricho o un juego de intereses políticos, sino de la vida y la dignidad de las personas de las que tienen el deber y la obligación de garantizar paz, seguridad y justicia; para que pongan un alto a la permisividad de que las FFAA se adentren cada vez más y por más tiempo en las tareas de seguridad y vida públicas, y porque debe hacerse YA, antes de que sea demasiado tarde, antes de que estas cifras, que son PERSONAS, aumenten; y para que rompan de una vez por todas el pacto militar, que más allá de representar una solución, ha resultado en más violencia para nuestra sociedad.
Señores Ministros, no es suficiente que su autoproclamada etiqueta de “feministas” se limite a subir tiktoks pronunciándose a favor del derecho al aborto, no defrauden la esperanza que todavía guardamos y por la que estamos aquí, frente a sus puertas; rechacen el proyecto presentado por la Ministra Margarita Ríos Farjat, que valida la constitucionalidad del Acuerdo Militarista; tienen en sus manos el poder de empezar a cambiar el rumbo, no lo desperdicien, mencionaron las inconformes.
