los habitantes de la Región Frontera de Chiapas están sometidos y silenciados en medio de la complicidad de las autoridades municipales:
La Mesa de Coordinación Transfronteriza Migraciones y Género Guatemala – México (MTMG), el Colectivo de Monitoreo – Frontera Sur, la Red por los Derechos de la Infancia en México (REDIM), la Red por los Derechos de las Infancias y Adolescencias en Chiapas (REDIAS) y la Red Mesoamericana de Educación Popular, Red Alforja, exigen garantizar la vida y seguridad de la población en la Región Frontera de Chiapas.
Para estas organizaciones, no existe un plan de atención por parte del Estado mexicano que garantice la vida y seguridad de esta población.
Las amenazas, extorsiones, secuestros, desaparición de líderes y autoridades comunitarias, la cooptación e integración forzada de diversas organizaciones sociales, campesinas, transportistas y comerciantes, se han convertido en constantes en esa región.
Esos hechos han provocado que aproximadamente 3 mil 500 personas se desplazaran forzadamente, poniendo en riesgo su vida. En este contexto también ocurrió la muerte de un adolescente de 14 años por una bala perdida. Además, la interrupción de la vida cotidiana de la población con el cierre intermitente de escuelas, comercios, servicios de salud y transporte.
Hasta la fecha, no hay ninguna persona detenida; la poca presencia de ejército mexicano, tampoco ha implicado que los grupos de la delincuencia organizada paren sus actividades ilícitas, señalan.
Sin embargo, el conflicto se ha expandido hacia municipios, como Chicomuselo y La Trinitaria, en los que la delincuencia organizada llega a ofrecer proyectos y protección, para continuar creciendo su control territorial.
Al momento, los bloqueos, agresiones y enfrentamientos entre grupos de la delincuencia organizada en los municipios de Chicomuselo, Siltepec, Frontera Comalapa, Amatenango de la Frontera, Mazapa de Madero, Motozintla, Bella Vista, La Concordia, Villacorzo y El Parral, continúan; además de un aumento en la presencia de personas armadas en ese lugar. La circulación de personas y vehículos está controlada a través de retenes y bloqueos que colocan en los caminos.
De acuerdo a estas organizaciones, los habitantes están sometidos y silenciados en medio de la complicidad de las autoridades municipales.
Por estos hechos, exigen una investigación en esa región y que les reconozcan su estatus de víctimas a esa población, una ruta y estrategia hacia la pacificación que garantice la seguridad, que se activen mecanismos de ayuda humanitaria para atender las necesidades alimentarias, sanitarias y de salud mental de las personas afectadas, que impulsen procesos para reconstruir el tejido social, en lógica de paz, reconciliación y diálogo, que garanticen la seguridad de periodistas y personas defensoras de derechos humanos.
