Desaparición, homicidio y mutilación de dos niños indígenas demanda investigación eficiente y medidas de prevención: REDIM
El atroz descubrimiento ratifica la impunidad del crimen organizado en CDMX y sus prácticas de terror como forma de control territorial.
Necesario que la fiscalía evite filtraciones de la carpeta de investigación que tiendan a criminalizar a las víctimas.
De enero a septiembre de este año 1,777 niñas, niños y adolescentes han sido víctimas de homicidio es decir diariamente asesinan a 7 y desaparecen 7, en total impunidad.
Los dos niños víctimas presuntamente del crimen organizado son la expresión mas cruda del fracaso de la estrategia de seguridad basada en la militarización de todo el país.
Se ha renunciado al fortalecimiento del tejido comunitario y la inteligencia policial para desmantelar las redes de macro criminalidad que existen intactas en la ciudad
La madrugada del 31 de octubre, dos agentes de la Secretaría de Seguridad Ciudadana detuvieron en las inmediaciones del centro Histórico a Eduardo N quién llevaba en cajas plásticas los cuerpos desmembrados de dos niños de 12 y 14 años; indígenas mazahuas desaparecidos desde el 27 de octubre con alerta Amber vigente.
La brutalidad del acto nos muestra y confirma la presencia del crimen organizado en la Ciudad de México y las prácticas de terror que usan como forma de control territorial. Las pruebas forenses arrojaron que los dos niños fueron torturados y mutilados presuntamente como venganza del grupo delictivo; ante esto es importante recordar a las autoridades de la Ciudad de México, especialmente a la Fiscalía la importancia de cuidar el sigilo de la carpeta de investigación para evitar su revictimización.
Adelantar o presuponer su vínculo con hechos criminales o dinámicas familiares complicadas, solo fomenta la revictimización y atenta contra la dignidad de los niños víctimas; es obligación de las autoridades identificar las redes de macro criminalidad que permiten operar a la delincuencia organizada en pleno centro de la ciudad; es relevante señalar que el hecho de que sean dos niños indígenas puede representar que fueran víctimas de otros delitos previos como reclutamiento forzado y otros abusos.
Seguimos denunciando que el Estado Mexicano se ha convertido en complice de la violencia del crimen organizado en contra de niñas, niños y adolescentes; además de la presunta participación de agentes estatales en muchos delitos, es muy grave la invisibilidad y omisión dolosa ante miles de homicidios que son premiados con la impunidad. Según datos oficiales, de cada 100 carpetas de investigación, donde niñas, niños y adolescentes son víctimas, solo 3 alcanzan algún tipo de proceso o sentencia.
Lamentamos la renuencia del gobierno federal a desarrollar el #Proyecto26, una Estrategia Nacional para prevenir y frenar la violencia armada en contra de niñas, niños y adolescentes; los recientes hechos vuelven a mostrar hoy mas que nunca que es necesaria; especialmente ante la regresión en derechos garantizados por las reducciones presupuestales a las instituciones y programas públicos en los dos últimos años.
#REDIM, Red por los Derechos de la Infancia en México lamenta profundamente el asesinato y mutilación de los dos niños indígenas. Nos sumamos a la pena que embarga a la familia y exigimos al Estado Mexicano abandonar los discursos vacíos y comprometerse a articular un proyecto prioritario para proteger el derecho a la vida y desarrollo de la infancia.
Les urgimos a construir alternativas basadas en la comunidad, el fortalecimiento de las instituciones de infancia, la participación de la niñez y juventud en la prevención de la violencia, y especialmente importante avanzar en la construcción de paz en los territorios más conflictivos; será necesario hacerse acompañar de expertos internacionales y sociedad civil; para ayudar a definir los tramos de responsabilidad institucionales a nivel federal, estatal y municipal en la prevención y atención de las violencias contra la niñez.
Hacemos también un llamado a la ética periodística para evitar la distribución de información, fotos y material que puedan revictimizar y atentar contra la dignidad de las víctimas.
