A más de tres años de su muerte, por fin hay justicia para Ángela Elizondo
El caso de Ángela pone en evidencia las terribles condiciones de vida dentro de los miles de centros de tratamiento de adicciones en el país.
Urge cambiar el modelo de atención en el país y establecer mecanismos de regulación y rendición de cuentas para estos espacios.
04 de octubre de 2023. El día de ayer un Tribunal de Enjuiciamiento en el Estado de Nuevo León dictó sentencia condenatoria en contra de las personas responsables del feminicidio de Ángela Elizondo, una joven de 15 años que en febrero de 2020 perdió la vida a manos de las personas que operaban de manera irregular el centro de tratamiento de adicciones en el que ella se encontraba, en Santa Catarina, Nuevo León.
El caso de Ángela es sólo la punta del iceberg de un sistema de atención a las adicciones irregular y descuidado por el Estado y pone en evidencia que las clínicas de tratamiento de adicciones, conocidas comúnmente como “anexos”, frecuentemente constituyen entornos torturantes en donde miles de personas experimentan terribles condiciones de vida, violencias y maltratos de manera generalizada.
Durante décadas, en México se ha considerado el uso de drogas como un tema de seguridad y no de salud. Las duras políticas antidrogas han permitido que en el país proliferen cientos de centros irregulares que operan al margen de la ley y sin ningún tipo de control estatal, pues alrededor del 90% de estos centros no cuenta con las certificaciones necesarias para garantizar los derechos de las personas usuarias.
Este tipo de centros operan en condiciones precarias de seguridad e higiene, carecen de servicios profesionales y médicos y utilizan medios violentos para lograr la desintoxicación de las personas. Como ejemplo de ello, en 2020, el Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura (MNPT) inspeccionó más de 50 centros de tratamiento y documentó que en los centros irregulares: el 35% de la población había sufrido humillaciones; el 33% había sido aislada; el 28% había recibido amenazas; el 20% había sufrido sujeciones físicas; el 20% había recibido golpes; el 15% había sido privada de agua o comida y el 8% había sido víctima de violencia sexual.
Documenta, que desde 2020 asesora y acompaña a Alejandra Elizondo, madre de Ángela, reclama la urgente necesidad de regular y supervisar el funcionamiento de estos centros, prevenir e investigar las graves violaciones de derechos humanos que ocurren al interior y garantizar un sistema de atención a la salud mental digno para todas las personas.
El caso de Ángela supone un gran avance en la lucha contra la desprotección, abusos y tolerancia pública que existe en México hacia una política de tratamiento de adicciones incompatible con los derechos humanos.
