El Movimiento en Defensa de la Vida y el Territorio (MODEVITE), expresa su preocupación ante el contexto de inseguridad y violencia por la presunta amenaza latente de reactivar las actividades mineras en el municipio de Chicomuselo, Chiapas.
En los últimos meses del presente año han constatado la presencia de empresas y personas interesadas en reiniciar la explotación minera en las localidades de ese municipio: El Naranjo, Nueva Morelia, Santa Maria, Ricardo Flores Magón, Grecia, Benito Juárez, promoviendo actividades mineras sin la consulta previa e informada, sin consentimiento de los ejidos y comunidades que se verán afectados, menciona MODEVITE.
Esa situación pone en riesgo la estabilidad de las comunidades que han decidido rechazar ese tipo de proyectos extractivos y han estado en resistencia por mantener la paz y la armonía desde la defensa de los derechos humanos y colectivos. La respuesta de estos grupos con intereses personales, económicos y politicos ha sido la intimidación, el hostigamiento y las amenazas de muerte en contra de defensoras y defensores de derechos humanos como recurso para frenar la lucha en la defensa de la vida y el territorio, indica MODEVITE, por ello externa su preocupación, la integridad y la vida de cada uno de ellos que a diario enfrentan adversidades por denunciar.
Por ejemplo, en el año 2009, los habitantes de Chicomuselo, fueron testigos de las afectaciones ambientales, daños a la salud, división comunitaria, conflictos sociales, provocado por la empresa minera canadiense Blackfire Exploration Ltd en el ejido Grecia, afectando el agua subterránea, ríos, arroyos, bosques, la salud de la población y el tejido comunitario; situación que culminó con el asesinato de Mariano Abarca Roblero.
En el mes de noviembre del año 2021, integrantes de ese movimiento presentaron al actual presidente municipal, Jorge Martin Sepúlveda Morales, la situación social del municipio, las luchas y resistencias contra la explotación minera, el programa MOSCAMED, el proyecto de remunicipalización, tomando en consideración que en campaña se manifestó en contra del proyecto minero y que apoyaría al pueblo en sus luchas y resistencias, pero en lo que va de su administración no ven resultados.
De la misma forma, MODEVITE, señala a la Delegación de Gobierno de esa región por ser omiso a la problemática social.
Aunque han presentado denuncias ambientales ante la Procuraduría Federal de
Protección al Ambiente (PROFEPA) sobre el caso Chicomuselo, al momento no han tenido respuesta.
Actualmente continúan esperando una mesa de dialogo con funcionarios del gobierno estatal y federal. Respecto al proyecto de remunicipalización en los ejidos Unión Buena Vista y Pablo L. Sidar no existen las condiciones y no cumple con los requisitos según la ley para hacerse municipio, sin embargo, están presionando a los ejidos para que acepten el proyecto.
El programa de MOSCAMED en el municipio se está convirtiendo en un programa impuesto aunque no hayan aceptado, permanece la insistencia poner en contra a las personas y fracturar el tejido social.
Quienes tienen sus intereses en el territorio van conjuntando estos tres proyectos e insistiendo bajo engaño, intimidación y amenazas con el fin de presionar a las comunidades y acepten por temor, informa MODEVITE.
Hacen un llamado a los diferentes niveles de gobierno a que cumplan con su deber de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos individuales y colectivos de la población en general que busca por medios pacíficos, generar espacios de unidad para construir la paz entre los pueblos y comunidades en un entorno de respeto y armonía.
Asimismo, responsabilizan al estado mexicano sobre cualquier acto que ponga en riesgo la integridad y la vida misma de quienes defienden el territorio y los derechos humanos que actualmente se encuentran amenazados por los intereses económicos y políticos de unas cuantas personas.
Finalmente, invitan a los diferentes movimientos sociales del estado y del país, así como de la población en general a fortalecer la unidad y a permanecer atentos ante los nuevos acontecimientos sociales que violentan los derechos para responder de manera articulada, organizada, consciente y en apego al marco legal.
