Comunicado.- Constantito Maldonado Krinis, titular de la Secretaría de Desarrollo Sustentable de Morelos, informó en el periódico El Regional el 4 de octubre del año en curso
(https://www.elregional.com.mx/comenzaron-estudios-de-impacto-para-proyecto-minero-en-tetlama), que la dependencia “inició los trabajos de Manifestación de Impacto Ambiental (MIA), para confirmar la viabilidad del proyecto minero Esperanza Silver en el Cerro del Jumil, en la comunidad de Tetlama, en el municipio de Temixco”.
Según lo declarado por el titular de esta dependencia en Morelos, dicho “estudio de impacto ambiental del proyecto minero es importante para darle paso para al avance y factibilidad de la minería”.
Al parecer, el titular de esta dependencia en Morelos desconoce que por ley, en los artículos 28 y 30 de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente, y en el artículo 5 inciso L del Capítulo II del Reglamento de la LGEEPA en Materia de Evaluación de Impacto Ambiental,
corresponde al promovente -la empresa minera canadiense- realizar la Manifestación de Impacto Ambiental, y que es una instancia federal, la SEMARNAT, a través de la Dirección General de
Impacto y Riesgo Ambiental (DGIRA), la encargada de evaluar y emitir una resolución de manera imparcial respecto a la MIA presentada por la empresa. Ello, además de contravenir los artículos 38 al 49 de la Ley del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente del Estado de Morelos y el
Reglamento de la Ley del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente del Estado de Morelos en Materia de Evaluación del Impacto y Riesgo Ambiental.
El que la dependencia del gobierno de Morelos denominada “Secretaría de Desarrollo Sustentable” se involucre en la realización de un trabajo que por ley corresponde a la empresa minera, demuestra:
a) Un desconocimiento total de la normativa legal en cuestión
b) La colocación de esta dependencia pública al servicio de intereses particulares
c) La degradación de esta dependencia pública, encargada de velar por la integridad ambiental del estado de Morelos, haciendo lo contrario a su función, al facilitar una iniciativa de depredación que, como se ha demostrado a cabalidad con evidencias a nivel nacional y mundial, vulnera esa integridad, afectando el bienestar de la población.
d) La instrumentación mediática de dicha dependencia como parte de la campaña de desinformación emprendida por la empresa canadiense en los medios de comunicación de Morelos.
e) Que a la referida dependencia no le interesa abordar este tema de manera precautoria directamente con las comunidades afectables, teniendo como su exclusivo interlocutor a la empresa canadiense.
f) El absurdo ético y jurídico de destinar dinero público de los impuestos que aporta la población,
para pagar un estudio que corresponde a la empresa minera de enorme capital privado realizar.
DESDE EL MOVIMIENTO MORELENSE CONTRA LAS CONCESIONES DE
MINERÍA A TAJO ABIERTO POR METALES:
1° Expresamos nuestro más enérgica protesta al Gobierno Estatal por la actitud tendenciosa, parcial y fraudulenta con que se conduce esta dependencia estatal (Secretaría de Desarrollo
Sustentable) colocándose al servicio de intereses particulares, cuando se ha demostrado a cabalidad con evidencia científica a nivel nacional y mundial que la minería es un modelo extractivista que deja daños a perpetuidad al medio ambiente y vulnera la integridad de la población ya que la expone a severos daños a la salud, contaminación del agua y destrucción de la flora y fauna del entorno en el que se lleve a cabo la explotación minera y el territorio próximo al mismo, ignorando las posturas de rechazo a la imposición del desarrollo de un proyecto minero en nuestro Estado.
2° Exigimos que esta dependencia pública (Secretaría de Desarrollo Sustentable) retome su
vocación de velar por la integridad ambiental del estado de Morelos abordando dicho estudio con apego al principio precautorio, ya que de lo contrario estaría facilitando una iniciativa de depredación afectando de manera irremediable el bienestar de la población morelense.
3° Solicitamos que la referida dependencia abra un canal de interlocución directamente con las comunidades afectadas y afectables ya que actualmente tiene como su exclusivo interlocutor a
la empresa canadiense dejando a las comunidades de Morelos sin posibilidad de ejercer sus derechos democráticos en función de decidir qué modelo de desarrollo eligen sin la imposición
de una empresa privada.
4° Reprobamos la instrumentación mediática de dicha dependencia que pudiese estar formando parte de la campaña de desinformación emprendida por la empresa canadiense en los medios
de comunicación del estado de Morelos.
5° Solicitamos se inicie una campaña de comunicación del riesgo entre la población morelense
en la que se den a conocer las afectaciones a la población que han sufrido comunidades en las que se han desarrollado proyectos mineros de similares características.
6° Solicitamos a la Cámara de Diputados del Estado de Morelos que cite al funcionario en sesión pública para dar cuenta de estas acciones y se proceda a medidas correctivas.
Todo lo anterior posibilita un ejercicio auténtico de gobernanza con el único objetivo de preservar la vida en las mejores condiciones para las futuras generaciones de quienes habitamos nuestro Estado.
¡NO A LA MINA, SÍ A LA VIDA!
MOVIMIENTO MORELENSE CONTRA LAS CONCESIONES MINERAS POR METALES
RED MEXICANA DE AFECTADAS/OS POR LA MINERÍA
